La proclamación de la República trajo consigo en Almería un drástico incremento del anticlericalismo que se vería recrudecido al comienzo de la Guerra Civil. Desde el mismo 1931, la Iglesia se mostró beligerante contra las reformas que limitaban sus privilegios e incluso había invocado el derecho de rebeldía de los católicos frente a una República atea. La constitución republicana, además de establecer que España no tenía religión oficial, extinguía el presupuesto dedicado al clero, disolvía, en clara alusión a los jesuitas, las órdenes religiosas con voto de obediencia a una autoridad distinta de la del Estado, y prohibía el ejercicio de la enseñanza al conjunto de las órdenes religiosas. En línea con la tradición anticlerical de los partidos republicanos, las medidas fueron interpretadas por los católicos como un intento de castigar a la Iglesia. El trabajo se centra en la persecución religiosa y especialmente en la hecatombe sufrida por los eclesiásticos al comienzo de la guerra así como en la enorme destrucción de patrimonio religioso consecuencia de la quema y saqueo de los templos. En un último apartado se pasa revista a los izquierdistas que fueron represaliados a comienzos de la dictadura acusados de haber participado en la violencia antirreligiosa.
