Este capítulo está dedicado a las diputaciones provinciales y, en concreto, al proceso de constitución de las primeras corporaciones elegidas tras los comicios locales de 1979. Así, en primer lugar, se resume el procedimiento legal para la designación de los integrantes de estas instituciones provinciales, a partir de la Ley 39/1978 que regulaba el proceso electoral para democratizar los poderes locales en España y había sido aprobada por las mismas Cortes que estaban elaborando la Constitución. A continuación se estudia el peso político de los partidos presentes en las nuevas diputaciones, con 36 presidentes pertenecientes a Unión de Centro Democrático, ocho del Partido Socialista, tres del Partido Nacionalista Vasco y dos de la coalición catalanista Convergència i Unió, incluyendo en estas cifras los dos cabildos insulares y las cuatro diputaciones provinciales forales (las tres vascas y la de Navarra). Este perfil, más conservador que el del poder municipal del que procedían, vino determinado por el mayor peso del ámbito rural en los sistemas de constitución de estos organismos provinciales.
