La construcción de la democracia en la comarca del Poniente almeriense, conocida tradicionalmente como Campo de Dalías, tuvo que afrontar un doble reto. Al igual que en el resto de las comarcas andaluzas, las asociaciones y las instituciones locales se preparaban para asumir protagonismo en toda una serie de cambios políticos y sociales con los que se intentaba superar un régimen sin futuro. Pero en el Poniente estaba “todo por hacer”. El tejido asociativo y la sociedad que trataba de ponerlo en marcha eran el resultado reciente de una serie de oleadas migratorias que habían llevado a miles de campesinos alpujarreños, procedentes de sociedades agrarias tradicionales y de un modelo agrícola de subsistencia, hacia un territorio “de frontera” percibido como una oportunidad sin precedentes para salir de la miseria y comenzar una nueva vida. La colonización y los sistemas de ayuda mutua entre los agricultores para desarrollar un modelo productivo radicalmente novedoso fueron el germen de un asociacionismo que jugó también aquí un papel decisivo para el cambio social.
La ley de asociaciones de 1964 permitió, en un momento en el que los partidos políticos se encontraban en situación de clandestinidad, un pequeño cauce de participación ciudadana frente a la administración monolítica del franquismo y ello a pesar de que el texto de la ley reconocía el derecho de asociación solo para “fines lícitos y determinados” y consideraba ilícitos a los “contrarios a los Principios Fundamentales del Movimiento”. Las asociaciones de vecinos se vieron reforzadas, durante los últimos años de la dictadura y los primeros de la Transición, por la falta de legitimidad de las autoridades franquistas y sirvieron también para amparar a otros colectivos políticos y sociales contrarios al régimen que encontraron así un cauce de participación. Dotadas de la legitimidad de la que carecían las instituciones, las asociaciones implantaron un modelo de democracia asamblearia que comenzó a funcionar antes de que en España se pudiera votar libremente.
