El caso Almería fue uno de los asuntos más tristes de la Transición, una de las páginas más trágicas y negras, teniendo en cuenta cómo ocurrió todo. Tres jóvenes humildes y trabajadores murieron en 1981 a manos de unos guardias civiles que no hicieron bien su trabajo y argumentando que los confundieron con terroristas. Fue una concatenación de errores y abusos de autoridad , con excesos impropios de la nueva etapa democrática, que también estaba marcada por el terrorismo de ETA. La contumacia de los mandatarios militares y civiles, acostumbrados a no dar explicaciones, la nula reparación a las familias de las víctimas, incluyendo amenazas al abogado que les representaba, la dificultad para informar contra lo establecido, a pesar de las obvias negligencias homicidas, dan buena cuenta de lo que siguió al fatal desenlace de la muerte violenta, sin una presunción mínima de inocencia, de los tres muchachos. La Audiencia Provincial de Almería condenó, tras una sentencia de 74 folios, como autores de tres delitos de homicidio, al teniente coronel Carlos Castillo Quero, al teniente ayudante Manuel Gómez Torres y al guardia Manuel Fernández Llamas a las penas de 24, 15 y 12 años respectivamente. Acusados de acabar con la vida de los jóvenes santanderinos Luis Manuel Cobo Mier, Luis Montero García y del almeriense de Pechina Juan Mañas Morales, cuando eran trasladados a Madrid por la Guardia Civil al mando del teniente coronel, después de que se les detuviera por creerlos terroristas de ETA que habían atentado unos días antes ante el general Valenzuela. En todos los editoriales, especialmente los de El País, Diario16, El Periódico y La Vanguardia, se reflejaba la insatisfacción del tenaz acusador particular Darío Fernández y de buena parte de la sociedad al quedar la sentencia en una calificación de homicidio y no asesinato como solicitó el referido abogado.
