La aprobación de la Ley General de Educación de 1970 supuso la inclusión de la Formación Profesional en el sistema educativo oficial. Las características de estos estudios, que unían en su haber los saberes más teóricos junto a los propios de las profesiones ofertadas, los hicieron parecer la solución para los problemas de analfabetismo y desempleo existentes en nuestro país.
En Almería, las deficiencias en el sistema educativo y la falta de industrialización de la provincia llevaron, durante los años de Transición a la democracia, a la demanda de mejoras educativas que se unieron a la petición de recursos sanitarios, económicos, etc. que formaban el tan ansiado estado de bienestar. Los movimientos estudiantiles y de docentes se sucedieron durante el proceso democratizador (1976-1983); a ellos se fueron sumando distintos colectivos desde los todos puntos de la provincia, como las asociaciones vecinales, que fueron elementos clave para la puesta en marcha de nuevos centros de F.P. y la mejora y ampliación de los ya existentes.
Asimismo, las acciones reivindicativas resultantes fueron afianzando los aires de libertad que trajo consigo el nuevo régimen democrático a través de la participación de la sociedad en la toma de decisiones y la presión ejercida por los distintos grupos para la consecución de los objetivos. Las movilizaciones fueron fundamentales en la modernización y desarrollo de la provincia, así como en la democratización de las instituciones que rompieron con los valores dictatoriales y permitieron la participación y la contextualización de la educación con la sociedad que la rodeaba.
A lo largo de este capítulo se va a realizar un análisis sobre las distintas movilizaciones que tuvieron lugar en Almería y su provincia para conseguir las mejoras en los centros educativos, especialmente en los de F.P. Entre ellos se tratarán las huelgas de docentes, los grupos estudiantiles y el apoyo de las distintas asociaciones existentes durante estos años que consiguieron, gracias a sus reivindicaciones, mejorar las condiciones de los centros y el acceso total de la ciudadanía a la educación.
