En el otoño de 1976 se esbozaron las líneas fundamentales de las transformaciones que a comienzos de 1977 iban a afectar a una institución clave de la dictadura franquista. El Ejercito era, sin duda, la corporación más afín al franquismo, el más leal al régimen, el que más se identificaba con la figura del dictador. Era por tanto, el lugar donde los cambios, ya fueran externos o internos, se recibirían con estados de ánimo poco o nada favorables. El país, con la llegada al poder de con Adolfo Suárez había puesto rumbo hacia una nueva situación política. Una nueva situación que nos equiparara con el resto de países europeos. Hacia un estado democrático.
Evidentemente el paso de situaciones políticas tan divergentes –dictadura/democracia- llevaba consigo unas transformaciones importantes y numerosas. El Ejército no podía escapara de ellas. Es más necesitaba de cambios radicales. Más aún que en otras instituciones. El equipo de trabajo del general Manuel Gutiérrez Mellado, Vicepresidente para Asuntos de la Defensa en sustitución del dimisionario teniente general Fernando de Santiago Díaz-Mendívil, inició un trabajo en el otoño de 1976 diseñando los campos de actuación necesarios.
Uno de ellos fue denominado “Competencias de la Jurisdicción Militar”. Se trataba –según el documento de trabajo para planificar la Reforma Militar- de una nueva estructuración de la Justicia Militar, de una revisión del Código de Justicia Militar, y una revisión de la ley de Orden Público. Un trabajo que debería realizar una comisión interministerial cívico-militar de los ministerios de Justicia y Gobernación. Se trataba en definitiva de lograr que la justicia militar se adecuara única y exclusivamente al ámbito castrense y a la desmilitarización de las Fuerzas de Orden Público (no olvidemos que el artículo 37 de la LOE franquista incluye a éstas dentro de las Fuerzas Armadas). Nos hallamos ante un reto trascendental para el logro de una democracia total que merece un análisis desde nuestra comunicación.
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