La Ley de Reforma Política fue el primer texto legal que recogió el compromiso de respetar las demandas regionales de las distintas comunidades que forman el estado español. Desde entonces confluyen los programas de los partidos para alumbrar una fórmula de descentralización política que hiciese viable la convivencia social. Se viene a demostrar que implícitamente el consenso estaba gravitando sobre el futuro autonomista al aproximar posturas que de partida eran irreconciliables, pero que favorecían al nacionalismo democrático. Con la aceptación del sistema de partidos se consolida la confluencia de proyectos de descentralización administrativa y política entre los partidos que finalmente participarán en la redacción del texto constitucional. No obstante, la ausencia de un planteamiento global del sistema autonómico por parte de los partidos de oposición, estuvo en la base de la aceptación de gobiernos provisionales en Cataluña y el País Vasco, previa la aceptación de su generalización en el Pacto de la Moncloa que revela las intenciones de las propuestas realizadas desde Andalucía.
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